Vía libre al préstamo de 14,7 millones de euros para pagar sentencias firmes del pasado

 

Los seis concejales de PASI, los dos de Ganemos y una edil del PSOE han aprobado hoy el préstamo de 14,7 millones que autoriza el Ministerio de Hacienda a través de los fondos de ordenación para para hacer frente a deudas de sentencias firmes que no admiten recurso alguno como son el caso de la Plaza de Toros, la construcción del Corredor Verde, el acceso a la ermita de los Tres Juanes, una deuda con Promociones Inmobiliarias García Costela SL y otra con Bloques Granada.

Ello permitirá rescatar 24 propiedades municipales que la justicia embargó al Ayuntamiento por el impago de la construcción de la Plaza de Toros cuya cantidad asciende a 9 millones tras sentencia judicial favorable al Banco del Santander.

Las condiciones de préstamo contemplan dos años de moratoria y 10 años para abonar de forma gradual los pagos, por lo que el Ayuntamiento iniciaría el primer desembolso en el año 2020.

La urgencia del pleno extraordinario convocado el pasado miércoles por el alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada, venía determinada por el requerimiento del Ministerio de Hacienda para que el trámite de aprobación se hiciera antes del lunes 12 de marzo.

Tanto los concejales del PP, Ciudadanos y cuatro de los cinco ediles del PSOE justificaron su ausencia del pleno por motivos laborales y médicos. Hubo que esperar unos minutos a que llegara el portavoz de Ganemos, Antonio Lucena, que disculpó su retraso, ante la imposibilidad de iniciar la sesión sin el quórum necesario (9 concejales).

La portavoz de PASI, Rosa Félix, inició su intervención aclarando que el préstamo que se sometía a aprobación y cuya solicitud fue aprobada por unanimidad de todos los grupos en el pleno de agosto servirá para “pagar la deuda del pasado”. “Es un préstamo que votamos por imperativo legal, que ordena los pagos del futuro pero salda cuentas con el pasado”, añadió Rosa Félix, agradeciendo el “ejercicio de responsabilidad por parte de los miembros de la corporación que están aquí presentes” y recordando a los ausentes que “asumen también responsabilidad” puesto que “no podrán decir que las dificultades que tendrá en un futuro este ayuntamiento es solo de los que votamos el fondo de ordenación”.

La portavoz del PASI reconoció que la operación autorizada por el Ministerio de Hacienda era “difícil de firmar” por las condiciones impuestas por el Gobierno del PP que solo ha autorizado dos años de moratoria, lo que supondrá que en 2020 coincida el primer desembolso para la devolución de los 14,7 millones con otra de las obligaciones de pago derivadas de los préstamos por importe de 18 millones que se solicitaron en 2012 y 2013 para pagar a proveedores.

“Los ciudadanos están pagando las irresponsabilidades, la mala gestión y actuaciones totalmente irregulares por parte de la corporación anterior que no solo condicionan la labor de este gobierno sino la de corporaciones futuras”. La concejal señaló que en el presente mandato se han pagado más de 10,5 millones de deudas del pasado, lo que "condiciona la posibilidad de emprender proyectos y realizar políticas sociales". En este sentido, Rosa Félix criticó las leyes promulgadas por el Gobierno central que, a su juicio, “están amordazando la autonomía de la entidades locales”.

La única concejal socialista que asistió al pleno, Trinidad Rodríguez, recordó que la petición de los fondos de ordenación ya se llevó a pleno en agosto del pasado año y se aprobó por unanimidad. “En un ejercicio de responsabilidad vamos a apostar por una solución que no nos gusta porque supone la aceptación de unas normas que el PP nos obliga a cumplir y que nos asfixian pero, de no considerarse, el camino sería mucho más duro y difícil de transitar”, argumentó la edil socialista, quien hizo un llamamiento a “mirar por el futuro de Atarfe, no escudarse en el pasado” y dejar a un lado “el uso partidista de políticas”.

El portavoz de Ganemos, Antonio Lucena, reprochó a Rosa Félix que no fuera “más ecuánime” en su intervención que, a su juicio, debía “ajustarse al tema que nos ocupa”. “Respeto que estén orgullosos de haber conseguido mejorar la economía del Ayuntamiento y les felicito, pero creo que sea excedido en su intervención”, añadió.

Por último, el alcalde Francisco Rodríguez Quesada cerró el turno de intervenciones llamando al "consenso" y la "responsabilidad" para abordar los temas importantes como es la aprobación de los fondos de ordenación que, de no haberse aprobado, "se acumularían más intereses y obligaría a subir los impuestos a los ciudadanos". Rodríguez Quesada echó en falta la presencia de los concejales de la oposición, agradeció la labor de los allí presentes y de los técnicos municipales que “han sabido orientarnos en la situación de caos” y cuestionó que los sistemas de control de las administraciones estatal y autonómica no hubieran impedido en su momento el incremento de una deuda que se remonta en algunos casos a 2004 y que se abonará a partir de 2020 con los fondos de ordenación.

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los concejales presentes.

LAS SENTENCIAS QUE SUMAN 14.776.037’99 €:
  • Auto de fecha 29/10/2012, del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Granada, a instancias del Banco Santander S.A, y por un importe de 9.579.872’51 €.
  • Sentencia nº 187/2011, de fecha 25/04/2011, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Granada a instancias de VISOGSA y por un importe de 3.985.440’26 €.
  • Sentencia nº 3.238, de fecha 20/12/2016, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a instancias de la Excma. Diputación Provincial de Granada, y por un importe de 552.378’10 €.
  • Sentencia nº 103, de fecha 28/09/2016, del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Granada a instancias de Promociones Inmobiliarias García & Costela S.L, y por un importe de 266.559’10 €.
  • Sentencia nº 173/2016, de fecha 30/12/2016, del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Granada, a instancias de Bloques Granada S.A, y por un importe de 206.712’52 €.
  • Auto número 324/2015 del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Granada, a instancias de Probisa, y por un importe restante de 185.075’46 €.

 

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