Evolución de la deuda del Ayuntamiento de Atarfe en los últimos dos años
Los últimos datos ofrecidos sobre la situación de endeudamiento del Ayuntamiento de Atarfe, a fecha de abril de 2017, sitúan la deuda en torno a 62,9 millones de euros, de los que 37,2 son compromisos de pago firmes. Los otros 25,6 millones pueden fluctuar en función, principalmente, de decisiones judiciales o del resultado las negociaciones que el gobierno municipal lleva a cabo con propietarios de suelo o promotores de convenios urbanísticos atascados desde hace años.
Un informe detallado sobre la situación de la deuda del Ayuntamiento fue facilitado a los grupos municipales días antes del último pleno extraordinario, celebrado el 28 de abril, donde no fue posible aprobar el plan de saneamiento financiero que presentaba el gobierno municipal y que permitía aplazar el capital de la deuda a los bancos durante los próximos 3 años para dedicar ese dinero –en torno a 2,6 millones al año- a saldar otros compromisos de pago y a la puesta en marcha de medidas de reactivación económica.
En dicha información se destacaba también el esfuerzo que se está haciendo para pagar la deuda atrasada desde julio de 2015. Según los datos facilitados por los técnicos, en apenas dos años de mandato se ha reducido el endeudamiento en 7,5 millones de euros, de los que 3,7 millones se han destinado a hacer frente a los préstamos que en su día contrajo el Ayuntamiento con los bancos y casi otros 3 a saldar la deuda comercial con proveedores hasta 2016.
En el siguiente gráfico se incluye la evolución de la deuda firme desde julio de 2015, fecha en la que se inició el nuevo mandato municipal, hasta abril de este año, junto a una columna a la derecha donde se indica la reducción del endeudamiento:
¿Por qué en estos dos años se ha pagado más deuda contraída con los bancos?
La reforma del artículo 135 de la Constitución, aprobada por el PSOE y el PP, introducía el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit de las administraciones. El pago de la deuda por parte de todas las Administraciones españolas figura como la prioridad absoluta en materia de gasto por encima de otras necesidades que pudieran tener los ciudadanos.
La posterior Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 2012, también conocida como la Ley Montoro, ha establecido un mayor control sobre la autonomía de las corporaciones locales y ha obligado a dar prioridad al pago de la deuda que los municipios han contraído con las entidades financieras por encima incluso del abono a las nóminas de los trabajadores.
Para hacer frente a la deuda se aprobó en un pleno extraordinario de 2012 -en el anterior mandato- un plan de ajuste que tuvo consecuencia el aumento de la carga fiscal a los vecinos, la modificación a la baja del servicio de limpieza y un proceso de prejubilaciones y limitaciones para la contratación de personal.
Otros compromisos de pago
Existen distintas reclamaciones de empresarios y ciudadanos a los que no se les compensó por la cesión de suelo, que pueden incrementar la deuda del municipio con una cantidad que los afectados y los técnicos cuantifican en 25,6 millones. Algunas de las demandas se están dirimiendo en la actualidad en distintas sedes judiciales y otras muchas se encuentran en proceso de negociación que, en caso de no haber acuerdo, acabarán presumiblemente en los tribunales.
A continuación se incluye un gráfico con las candidades que se reclaman por distintos conceptos:
En los próximos días se irá informando con más detalle de la procedencia de la deuda y de las actuaciones que se están llevando a cabo desde el gobierno municipal para tratar de reducir las obligaciones de pago.
